CONTROLAR A LOS CONTRATISTAS: UNA OBLICACIÓN DE TODOS

 

Buena parte de los servicios que el Ayuntamiento presta a los ciudadanos se hace a través de contratos de concesión con empresas privadas seleccionadas, normalmente, mediante concurso.

Buena parte, asimismo, de los impuestos que los vecinos pagamos (IBI, Plusvalía, circulación, etc.) se destinan a retribuir a estas empresas.

Entre estos contratos uno de los más “golosos” es el del mantenimiento de la ciudad que engloba tanto la prevención de problemas como la reparación de los que de forma normal surgen: baches, reparación de aceras, averías en las redes municipales, etc.

Ese contrato de mantenimiento se adjudicó en la época convulsa de nuestro Ayuntamiento por un plazo absolutamente desmesurado: 10 años y con un pliego de condiciones que cuando menos debemos calificar de “desafortunado”.

Debemos señalar que el importe de este contrato no es precisamente pequeño, asciende actualmente a alrededor de 1.880.000 euros anuales.

Desde el principio nuestro Grupo se opuso a la duración y condiciones del pliego y a las actuaciones de la empresa concesionaria, que intentó primero una revisión de precios con unos criterios que el Consejo de Estado califico de improcedentes, después a la intolerable utilización de un terreno municipal como almacén-deposito-oficina, sin pagar un euro al Ayuntamiento, de forma ilegal y aprovechándose de esa gratuidad cuando era su obligación contar con instalaciones propias. ¿Por qué? Eso es lo que llevamos tiempo tratando de averiguar.

El último episodio ha sido la presentación al Pleno de un expediente con unos precios nuevos por actividades ya contempladas en el pliego. Nuestro grupo planteo un recurso  oponiéndose al intento de cobrar adicionalmente actuaciones ya cuantificadas en el contrato simplemente cambiando algunas definiciones, lo que los técnicos llaman “precios contradictorios”, para cobrar más por los mismos servicios. El recurso ha sido aprobado parcialmente y habrá que hacer las cuentas para que no se enriquezca nuevamente a costa de los vecinos.

Siempre hemos creído que la labor de la oposición sirve para vigilar y defender los intereses  del Ayuntamiento y por tanto de los vecinos, pero debemos exigir al Equipo de Gobierno una actitud de extrema vigilancia en relación con las empresas contratistas, teniendo claro que la obligación de los Concejales es estar del lado del interés público y no de los de las empresas concesionarias, que acuden a un concurso y deben cumplir todo lo que estipulan los pliegos de condiciones. Si esto no es así tendrán  que aplicarse las penalizaciones oportunas y si es necesario rescindir el contrato, posibilidad que habrá que valorar y, en su caso, activar.